ASF detectó presunta triangulación de 63.2 millones de pesos en contratos del INE
ÚLTIMAS NOTICIASNACIONAL
10/25/2026
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó presuntas irregularidades en un contrato del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de detectar que una empresa proveedora de materiales electorales recibió 63.2 millones de pesos durante 2024 y transfirió la totalidad de los recursos, en menos de tres semanas, a nueve empresas y una persona física cuya relación con el servicio contratado no pudo ser acreditada por los auditores.
El hallazgo forma parte de una auditoría forense correspondiente a la Cuenta Pública 2024, dictaminada en enero de 2026, durante el primer año completo de la gestión de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del organismo electoral. Los resultados se encuentran en proceso de solventación.
De acuerdo con la revisión, la empresa Comercializadora JVLY recibió los recursos del INE, pero posteriormente los distribuyó entre distintos destinatarios, cuyas operaciones y vínculos con el contrato no pudieron ser aclarados plenamente.
Entre las empresas receptoras, una declaró ante los auditores que el dinero correspondía a préstamos y posteriormente transfirió seis millones de pesos a una persona física.
Otra compañía aseguró que los recursos provenían de la compra de un seccionador eléctrico y negó haber prestado servicios a instituciones electorales. Sin embargo, transfirió 12.3 millones de pesos a una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), una cantidad superior a los 10 millones que había recibido de recursos relacionados con el INE.
Además, los auditores no lograron localizar a otras tres empresas involucradas en las operaciones revisadas.
La ASF también identificó inconsistencias en la situación laboral y fiscal de JVLY. Aunque la compañía presentó una opinión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la que aparecían 76 trabajadores, no tenía empleados registrados ante ese organismo. Asimismo, no presentó su declaración anual correspondiente a 2024.
Según el informe, en marzo de 2024 el INE adjudicó directamente a JVLY un contrato para suministrar materiales destinados a simulacros electorales. Sin embargo, el pago se realizó hasta el 31 de diciembre de ese año.
La auditoría también detectó que Plásticos y Metales MYC, una de las empresas que recibió recursos de JVLY, transfirió dos millones de pesos a Grumeec, firma que había participado como presunta competidora durante el sondeo de mercado utilizado para adjudicar el contrato.
Otro señalamiento se relaciona con las visitas de supervisión efectuadas por el INE. De acuerdo con la ASF, las inspecciones a JVLY se realizaron en el domicilio de otro proveedor, Formas Finas y Materiales, y no en la dirección correspondiente al contrato.
De las 19 acciones determinadas durante la revisión, nueve permanecían abiertas, según el sistema de seguimiento de la ASF consultado por el medio que difundió la investigación. Estas incluyen tres pliegos de observaciones por un monto conjunto de 66.6 millones de pesos, uno de ellos relacionado con JVLY, así como seis recomendaciones.
Las otras 10 acciones fueron turnadas a distintas instancias: dos al área de investigación de la propia ASF, por pagos de 793.9 millones de pesos relacionados con boletas y materiales de la elección judicial; seis al Órgano Interno de Control del INE, y dos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al IMSS para revisar la situación de la empresa.
Estos hallazgos se conocieron en un contexto en el que la ASF también realiza una auditoría integral al gasto del INE correspondiente a 2025, un procedimiento distinto de la investigación de oficio anunciada recientemente por presuntos conflictos de intereses y posibles irregularidades en el manejo de recursos.
El auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, tenía previsto presentar el 30 de octubre ante la Cámara de Diputados la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2025.
Las observaciones documentadas deberán seguir los procedimientos de aclaración correspondientes. La existencia de presuntas irregularidades no implica, por sí sola, que se haya determinado responsabilidad administrativa o penal de las empresas o funcionarios involucrados.
Contacto
Redes Sociales
Suscribete para recibir las últimas noticias
771-297-04-01
483-363-06-77