Detención de Inés Gómez Mont en Miami reaviva investigación por contratos públicos de 2,950 millones de pesos
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10/31/2026
La FGR confirmó que la exconductora fue detenida en Estados Unidos por una orden de aprehensión vigente en México. El caso también involucra a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, y una presunta red de empresas señaladas por operaciones financieras irregulares.
La detención de Inés Gómez Mont en Miami, Florida, el viernes 30 de octubre, reactivó la atención sobre las investigaciones que las autoridades mexicanas mantienen en su contra desde hace varios años, particularmente una relacionada con presuntas operaciones financieras irregulares y contratos públicos cuyo valor asciende a 2,950 millones de pesos.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la exconductora fue asegurada en Estados Unidos como resultado del intercambio de información entre ambos gobiernos. La detención deriva de una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.
Sin embargo, las investigaciones tienen antecedentes que se remontan a noviembre de 2019, cuando la Fiscalía comenzó a indagar una presunta estructura integrada por empresas y personas que habrían utilizado contratos con dependencias federales para simular operaciones comerciales, reducir obligaciones fiscales y ocultar el origen de recursos económicos.
De acuerdo con el comunicado 026/22, publicado por la FGR el 20 de enero de 2022, las indagatorias involucraron a Inés Gómez Mont, su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, otras personas y siete empresas, por su posible participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía identificó dos contratos relacionados con Centros Federales de Readaptación Social, cuyo valor conjunto ascendía a 2,950 millones de pesos.
Según la investigación, las personas y empresas señaladas presuntamente celebraban contratos con el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, adscrito a la Secretaría de Gobernación. Para ello, habrían utilizado comprobantes fiscales digitales con los que aparentaban realizar operaciones comerciales y prestar servicios que, presuntamente, no se llevaron a cabo.
La dependencia sostuvo que estas operaciones habrían permitido presentar recursos de presunto origen ilícito como ganancias legítimas, además de dificultar el rastreo de los movimientos financieros.
En el mismo comunicado, la FGR señaló que una de las empresas investigadas, representada por un apoderado identificado como Héctor “Z”, recibió más de 2,500 millones de pesos.
No obstante, es importante precisar que los 2,950 millones de pesos corresponden al valor conjunto de los contratos bajo investigación y no representan una cantidad que se haya acreditado como recibida personalmente por Inés Gómez Mont.
La detención en Estados Unidos vuelve a colocar el caso en el centro de la atención pública, mientras las autoridades mexicanas mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con las presuntas irregularidades fiscales y financieras.
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