Diputados aprueban hasta 20 años de cárcel por reclutamiento forzado para el crimen organizado
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10/21/2026
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 419 votos a favor, una reforma legal que establece penas de hasta 20 años de prisión para quienes recluten de manera forzada a menores de edad y adultos con el propósito de incorporarlos a organizaciones criminales.
La modificación a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de Trata de Personas busca reconocer y sancionar de manera específica el reclutamiento criminal. Además, contempla un incremento de hasta 10 años adicionales de prisión cuando las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas, sean migrantes, o cuando los responsables sean servidores públicos o exintegrantes de corporaciones de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas permanentes.
Durante la discusión en tribuna, la diputada de Morena, Elena Edith Segura Trejo, explicó que la ausencia de una figura penal específica no significa que el reclutamiento forzado no exista, sino que durante años ha sido complicado identificarlo, investigarlo y sancionarlo de manera adecuada.
Indicó que, ante la falta de una clasificación jurídica propia, estos casos suelen perseguirse mediante otros delitos, como trata de personas, corrupción de menores, secuestro, desaparición o delincuencia organizada.
Advirtió que esta situación puede dispersar las investigaciones, dificultar el registro de los casos y hacer que las conductas de quienes captan, convencen o incorporan personas a grupos criminales queden incluidas dentro de otros ilícitos.
La legisladora añadió que el reclutamiento puede realizarse mediante engaños, ofertas laborales falsas, amenazas, violencia o coacción, así como mediante el aprovechamiento de las condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad de determinadas personas y comunidades.
En los casos que involucran a niñas, niños y adolescentes, señaló que las autoridades deberán investigar quién los captó, de qué manera fueron incorporados a las estructuras criminales y si existieron amenazas, agresiones o abuso de sus circunstancias personales.
El diputado del PAN, José Guillermo Anaya Llamas, destacó que la reforma reconoce las distintas formas en que las organizaciones criminales atraen a jóvenes, entre ellas las publicaciones en redes sociales y los anuncios impresos que ofrecen supuestos empleos.
Explicó que detrás de cada persona reclutada hay familias que enfrentan incertidumbre y angustia al desconocer el paradero de sus seres queridos o las condiciones en las que se encuentran.
Por ello, consideró necesario contar con herramientas legales que permitan perseguir a quienes cometen este delito y, al mismo tiempo, garantizar la protección integral de las víctimas, particularmente de menores de edad.
En su intervención, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, expuso que el reclutamiento forzado de menores se presenta en entidades como Chihuahua, Guerrero, Sonora y Chiapas, donde, de acuerdo con su intervención, incluso se ha involucrado a niños de apenas siete años.
Como ejemplo, mencionó que en algunas regiones serranas de Chihuahua los grupos criminales aprovechan el conocimiento que tienen los menores del territorio y sus habilidades para desplazarse por las montañas, incorporándolos a actividades relacionadas con la siembra de amapola.
La legisladora subrayó que estos niños no deben ser considerados delincuentes, sino víctimas que pueden encontrarse bajo amenazas y sin alternativas para escapar de sus captores.
También lamentó que el problema haya permanecido durante años sin suficiente reconocimiento y sostuvo que la aprobación de la reforma representa un mensaje contra las organizaciones criminales y una medida para reforzar la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Con esta aprobación, la iniciativa avanza en el proceso legislativo para establecer sanciones específicas contra el reclutamiento forzado y fortalecer la respuesta de las autoridades frente a quienes incorporan a personas a estructuras delictivas.
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