Diputados aprueban reforma para eliminar “pensiones doradas”; pasa a congresos estatales

Tras más de seis horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma al artículo 127 de la Constitución que busca eliminar las llamadas “pensiones doradas”, al establecer que las jubilaciones no podrán exceder la mitad del salario mensual de la persona titular del Ejecutivo federal.

La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalada con 363 votos a favor de legisladores de Morena, PT, PVEM y PRI, frente a 64 en contra del PAN y 25 abstenciones de Movimiento Ciudadano, alcanzando así la mayoría calificada requerida. El dictamen fue turnado a los congresos estatales para su eventual ratificación.

Durante la discusión en lo particular se presentaron 119 reservas por parte de más de 90 legisladores, tanto de la oposición como de partidos aliados, sin que ninguna fuera aceptada para su debate.

El grupo parlamentario del PT planteó diversas modificaciones con el objetivo de evitar afectaciones a trabajadores que obtuvieron legalmente pensiones sin ser consideradas excesivas. El diputado Ricardo Mejía Berdeja advirtió que la medida podría perjudicar a empleados con años de servicio, al no distinguir entre pensiones elevadas y aquellas derivadas de trayectorias laborales legítimas.

Asimismo, el legislador Jorge Armando Ortiz propuso excluir de la reforma a trabajadores de confianza que, según argumentó, han sido clasificados de forma incorrecta, planteamiento que también fue rechazado.

Por parte de la oposición, legisladores del PRI y PAN intentaron eliminar disposiciones transitorias que permitirían la aplicación retroactiva de la norma, sin éxito.

Durante el debate, bancadas opositoras cuestionaron que la reforma no contemple otros casos de pensiones elevadas, como las de exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o integrantes de las Fuerzas Armadas.

En ese contexto, se mencionó el caso de Arturo Zaldívar, actual funcionario federal, a quien legisladores señalaron por percibir ingresos tanto por pensión como por su cargo público.

También fueron referidas figuras como Olga Sánchez Cordero y Celia Maya, en medio de reclamos sobre la falta de uniformidad en la aplicación de criterios de austeridad.

Pese a los cuestionamientos, la mayoría legislativa mantuvo sin cambios el dictamen, que forma parte de la agenda del Gobierno federal para reducir privilegios en el servicio público.