Familiares de desaparecidos buscan respuestas con pruebas de ADN vinculadas a predio investigado en Jalisco

Familiares de personas no localizadas en México participaron esta semana en jornadas de toma de ADN en Guadalajara, con la intención de comparar sus muestras con indicios hallados en el Rancho Izaguirre, un sitio bajo investigación por su presunta relación con redes de reclutamiento del crimen organizado.

Entre los testimonios destaca el de Alejandra González, quien aseguró haber identificado una camiseta negra entre las cerca de 1,800 prendas y objetos personales encontrados en el predio. La prenda, dijo, pertenecía a su hijo, desaparecido desde 2023.

La mujer relató que autoridades le informaron que los objetos ya no se encuentran en el lugar, pues fueron trasladados a la capital del país como parte de una carpeta de investigación, lo que ha limitado el acceso de los familiares a dichos indicios.

Originaria de Guanajuato, González solicitó que su ADN sea confrontado con posibles restos de su hijo y pidió a las autoridades permitirle el ingreso al rancho, al considerar que el sitio no ha sido investigado a profundidad.

Según su experiencia en colectivos de búsqueda, las prácticas de ocultamiento de cuerpos incluyen entierros a gran profundidad, lo que —afirma— no habría sido explorado completamente en el predio.

Las jornadas de toma de muestras representan la segunda fase de este tipo de acciones en Jalisco, entidad que hasta marzo registraba más de 16 mil personas desaparecidas, mientras que a nivel nacional la cifra supera las 130 mil.

Las autoridades federales, en coordinación con instituciones académicas y la Asociación de Investigadores Forenses por la Justicia de Jalisco, buscan integrar bases de datos genéticos que permitan identificar restos humanos y dar respuesta a las familias.

Otra de las asistentes, Cecilia Aguirre, afirmó reconocer un pantalón que pertenecería a su hijo, desaparecido en 2020. No obstante, señaló que no ha podido confirmar directamente la prenda debido a restricciones de las autoridades.

Las madres participantes expresaron que, pese a haber realizado procesos similares en otras entidades, la falta de integración entre bases de datos estatales dificulta la localización de sus familiares.

En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en marzo observaciones sobre irregularidades en el manejo de evidencias relacionadas con el Rancho Izaguirre. El organismo señaló fallas en la cadena de custodia por parte de autoridades locales, lo que vulneraría derechos fundamentales como el acceso a la justicia y la seguridad jurídica de las víctimas y sus familias.