Fiscalías del país acuerdan nuevos protocolos para investigar desapariciones y feminicidios
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8/17/2026
Durante la 54 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), encabezada por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, se aprobaron nuevos protocolos y propuestas para fortalecer la investigación de delitos de alto impacto, entre ellos desapariciones, feminicidios, extorsión y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos.
Uno de los principales acuerdos fue la actualización del Protocolo Homologado de Investigación, elaborada mediante un proceso de participación que incluyó a familias de víctimas, colectivos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
El documento establece una metodología nacional para coordinar las labores de investigación y búsqueda de personas desaparecidas, bajo una perspectiva de derechos humanos y con un enfoque diferenciado para atender a grupos en situación de vulnerabilidad.
Su implementación contempla acciones de capacitación, difusión y adecuación de las instituciones, además de mecanismos para evaluar y dar seguimiento a sus resultados.
Durante la reunión también se aprobó el Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos contra las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con el caso de Digna Ochoa y Plácido contra México.
El instrumento establece que las investigaciones deberán realizarse bajo una perspectiva de derechos humanos y reconoce a las personas defensoras como titulares de derechos que requieren una protección reforzada.
Asimismo, durante la asamblea se presentaron propuestas para homologar procedimientos y capacidades de las fiscalías estatales en áreas como desaparición de personas, derechos humanos, servicios forenses, extorsión, feminicidio, incidencia delictiva y profesionalización del personal.
En materia de violencia de género, Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas, presentó el proyecto de decreto impulsado por la presidenta de la República para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.
La iniciativa se encuentra actualmente en análisis de la Comisión Permanente del Senado y busca establecer criterios comunes para que las fiscalías y procuradurías del país puedan aplicar la legislación en caso de ser aprobada.
Entre sus principales propuestas se encuentra que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio, con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y debida diligencia reforzada.
El proyecto también plantea un tipo penal homologado, 10 razones de género, 19 agravantes y penas de entre 50 y 70 años de prisión, además de establecer sanciones para los casos de tentativa.
Por otra parte, David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, presentó una propuesta de modificación al Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de agilizar y fortalecer las investigaciones, particularmente en delitos considerados de alto impacto.
La iniciativa también pretende reforzar las garantías de las víctimas y proporcionar mejores herramientas jurídicas a las instituciones para combatir la impunidad.
La propuesta fue adoptada por las 32 fiscalías estatales con el objetivo de enriquecerla y posteriormente impulsar su desarrollo.
Durante la asamblea, las autoridades coincidieron en que la desaparición de personas representa uno de los mayores desafíos para las instituciones encargadas de procurar justicia, debido a la necesidad de contar con personal especializado, procedimientos homologados y una mayor coordinación entre autoridades.
En este contexto, la Fiscalía General de la República, mediante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública impulsaron una Estrategia Nacional de Fortalecimiento Institucional para las fiscalías especializadas en desaparición.
Como parte de la estrategia se presentó un diagnóstico nacional sobre las capacidades y necesidades de las fiscalías estatales, con el propósito de detectar áreas de oportunidad, compartir buenas prácticas y establecer acciones coordinadas para mejorar las labores de investigación, búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
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