INE advierte riesgos de asumir funciones judiciales en evaluación de candidaturas

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La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, sostuvo que el organismo no tiene atribuciones para investigar o determinar posibles vínculos delictivos de aspirantes a cargos públicos, al subrayar que su función es exclusivamente electoral y no de carácter judicial.

En respuesta a la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Taddei indicó que, en caso de aprobarse, el instituto acatará el mandato legal, pero advirtió que no debe colocarse al INE en una posición que lo convierta en “juez y parte” dentro de los procesos electorales.

La titular del organismo señaló que si se le asigna la tarea de evaluar la integridad o antecedentes de las candidaturas, se pondría en riesgo su papel como autoridad imparcial, cuya responsabilidad es garantizar elecciones equitativas, transparentes y con certeza.

“El Instituto es una autoridad administrativa, no una instancia ministerial ni judicial”, enfatizó en un mensaje ofrecido tras un retraso en su agenda.

Asimismo, explicó que la propuesta de crear una comisión permanente para verificar la integridad de las candidaturas debe definir con claridad sus atribuciones, especialmente en lo referente al manejo de información proporcionada por partidos políticos y su posible canalización a instancias de seguridad e inteligencia.

Taddei subrayó que cualquier reforma debe respetar la división de funciones institucionales, ya que corresponde a las autoridades de procuración de justicia investigar y sancionar posibles vínculos con actividades ilícitas, no al órgano electoral.

En ese sentido, reiteró que la vigilancia de la legalidad en los procesos democráticos es una responsabilidad compartida entre distintas instituciones del Estado, pero el INE debe mantenerse como garante de imparcialidad y confianza ciudadana.

Respecto a los cambios propuestos sobre causales de nulidad electoral, como la posible intervención de recursos provenientes del extranjero, indicó que el instituto tendría que desarrollar lineamientos claros para atender estos casos, sin perder su carácter neutral dentro de la competencia política.

Finalmente, insistió en que las autoridades electorales no deben convertirse en actores dentro de la contienda, sino mantenerse como árbitros que aseguren procesos libres, auténticos y apegados a la ley.

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