INE aprueba plan de emergencia para investigar presuntas irregularidades y reforzar controles internos
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11/6/2026
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un programa de acciones para enfrentar la crisis institucional derivada de los señalamientos de presunta corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei. La estrategia contempla reforzar los mecanismos de vigilancia administrativa, revisar contrataciones y establecer medidas que impidan la repetición de posibles irregularidades.
Entre las principales acciones se encuentra la solicitud a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de una fiscalización extraordinaria de todas las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el organismo durante el periodo comprendido entre 2016 y 2026.
Además, el programa considera la posibilidad de recurrir a una empresa privada para realizar una auditoría externa y establecer un buzón digital que permita recibir denuncias de manera anónima.
También se prevé implementar medidas para resguardar documentación, integrar un catálogo de los contratos que serán investigados y dar atención prioritaria a aquellos cuya revisión pudiera tener repercusiones en el proceso electoral en marcha.
Con estas acciones, el instituto busca determinar cómo se originaron las posibles anomalías, identificar fallas en sus procedimientos administrativos y revisar los controles relacionados con el acceso al padrón electoral y otros datos de carácter reservado o confidencial.
Durante la discusión, integrantes del Consejo General y representantes de los partidos políticos coincidieron en que la situación no puede darse por resuelta únicamente con la salida de una persona, por lo que consideraron indispensable investigar a fondo los señalamientos y castigar a quienes resulten responsables, incluso mediante procesos penales cuando corresponda.
El consejero Arturo Castillo recordó que la Constitución establece la prisión preventiva oficiosa para determinados delitos vinculados con actos de corrupción, medida que busca evitar que los posibles responsables evadan la justicia durante el desarrollo de las investigaciones.
Castillo calificó el episodio como la crisis más grave en la historia del organismo y destacó que nunca antes se había registrado la renuncia de una persona titular de la Presidencia del Consejo General en circunstancias relacionadas con un escándalo de presunta corrupción.
Por su parte, Blanca Cruz, consejera presidenta provisional, aseguró que la independencia del instituto no debe confundirse con falta de transparencia. En ese sentido, ofreció colaboración con las autoridades responsables de investigar los hechos y determinar las sanciones correspondientes.
En otro asunto, se informó sobre la cancelación de una reunión que estaba prevista para este viernes entre consejeros electorales y funcionarios de las áreas de seguridad federal e inteligencia financiera.
El encuentro tenía como finalidad iniciar los trabajos para establecer mecanismos de verificación de integridad de las personas que buscarán participar como candidatas en las elecciones del próximo año.
Cruz también señaló que atenderá las inconformidades laborales de los trabajadores encargados de operar los módulos de atención ciudadana, quienes han solicitado mejores condiciones de trabajo y advirtieron sobre la posibilidad de suspender actividades.
Durante la sesión vespertina del Consejo General, la consejera Carla Humphrey sostuvo que el organismo debe revisar sus prácticas internas y corregir las fallas que permitieron las situaciones actualmente bajo cuestionamiento.
Entre sus propuestas destacó abrir los procesos de contratación mediante licitaciones públicas, incluso con participación internacional, y limitar las adjudicaciones directas a situaciones excepcionales. El propósito, explicó, es reducir la discrecionalidad y prevenir posibles conflictos de interés o favoritismos hacia determinados proveedores.
Asimismo, propuso integrar una comisión de administración en la que participen los consejeros electorales, luego de que durante la administración de Guadalupe Taddei permanecieran al margen de algunas decisiones tomadas por la Junta General Ejecutiva.
En esta nueva etapa también se han observado modificaciones en la dinámica interna del instituto. Entre ellas destaca la eliminación práctica de los controles de acceso mediante torniquetes en el edificio central, así como una mayor presencia conjunta de los consejeros ante los medios de comunicación.
Por último, los representantes de las fuerzas políticas insistieron en que la salida de Taddei no es suficiente para cerrar el caso y demandaron identificar a los funcionarios que autorizaron los pagos a un grupo reducido de proveedores presuntamente beneficiados con contratos.
Ernesto Guerra, representante del partido PAZ, expresó que es necesario revisar a fondo las irregularidades señaladas y dejó claro que la renuncia de la exconsejera presidenta no debe significar el fin de las investigaciones ni la ausencia de consecuencias para los posibles responsables.
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