Ordenan captura contra exgobernador Silvano Aureoles por caso de Arantepacua

Un juez giró una orden de aprehensión contra Silvano Aureoles, exmandatario de Michoacán, por su presunta responsabilidad en un operativo policial realizado en abril de 2017 que derivó en la muerte de cuatro integrantes de una comunidad indígena purépecha.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que el mismo juez también emitió órdenes de captura contra Juan Bernardo Corona y 14 elementos de la Policía Estatal, por su probable participación en los hechos ocurridos hace nueve años.

De acuerdo con la investigación, el 5 de abril de 2017 se llevó a cabo un operativo en la comunidad purépecha de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen. La acción policial tenía como objetivo recuperar cerca de un centenar de vehículos retenidos por habitantes de la zona, en el contexto de un conflicto agrario con la comunidad de Capácuaro, perteneciente a Uruapan.

Durante el despliegue se registró un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y pobladores, que dejó como saldo la muerte de cuatro personas —entre ellas un menor de edad—, además de 38 heridos, 10 detenidos y el fallecimiento de un elemento policial.

La fiscalía estatal detalló que las investigaciones apuntan a que la intervención fue ordenada por el entonces gobernador, lo que habría derivado en ejecuciones extrajudiciales.

Aureoles, quien militó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Juan Bernardo Corona ya eran buscados por las autoridades desde 2023 por otro caso relacionado con un presunto desvío de recursos públicos durante su administración (2015-2021), vinculado a la construcción de cuarteles policiales con sobrecostos.

Por este presunto desfalco, previamente fueron detenidos Carlos Maldonado Mendoza, Antonio Bernal Bustamante, Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda.

En relación con los hechos de Arantepacua, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2020 la recomendación 42VG/2020, en la que documentó violaciones graves a derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad y la protección de la niñez, además de señalar actos de tortura y uso excesivo de la fuerza en perjuicio de la comunidad indígena.