Organizaciones piden reforzar controles sobre sustancias peligrosas en reglamento de Economía Circular

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8/13/2026

Ante la próxima publicación del reglamento de la Ley General de Economía Circular, organizaciones de la sociedad civil solicitaron que el nuevo instrumento incluya controles estrictos para detectar, evaluar y reducir de manera gradual el uso de sustancias químicas peligrosas en productos y materiales.

El Poder del Consumidor, Greenpeace y otras agrupaciones señalaron que la exposición a compuestos potencialmente dañinos puede presentarse durante todas las etapas de vida de un producto, desde la extracción de las materias primas hasta su transformación en residuo.

Las organizaciones advirtieron que el modelo de economía circular no puede considerarse seguro si los materiales mantienen sustancias químicas peligrosas que pueden permanecer en los procesos productivos, incorporarse nuevamente a otros artículos o terminar en el medio ambiente y afectar a la población.

Por ello, consideraron necesario que la protección de la salud pública y del entorno sea un principio transversal en la aplicación de la Ley General de Economía Circular, cuya entrada en vigor ocurrió el pasado 20 de enero, así como en las disposiciones que se desprendan de ella.

De acuerdo con las organizaciones, el reglamento, cuya publicación debe realizarse dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la ley, debe establecer condiciones claras para el uso de tecnologías de termovalorización.

Estos procesos convierten los residuos en energía eléctrica mediante combustión controlada, pero las agrupaciones consideran que deben utilizarse únicamente como una alternativa final para el manejo de desechos.

También plantearon que cualquier decisión sobre su implementación sea respaldada por evaluaciones independientes y análisis completos del ciclo de vida, con el propósito de determinar sus posibles impactos ambientales y sanitarios.

Asimismo, señalaron que la definición de los materiales, tecnologías y sistemas de gestión que podrán considerarse compatibles con los principios de economía circular debe realizarse mediante procesos técnicos independientes, sin intereses que condicionen las decisiones.

Las organizaciones sostuvieron que una verdadera estrategia de economía circular debe comenzar antes de que los productos lleguen al mercado, mediante medidas que reduzcan desde su diseño la incorporación de sustancias químicas que representen riesgos.

En este sentido, propusieron establecer mecanismos para sustituir progresivamente los compuestos considerados de mayor preocupación por alternativas que representen menores riesgos para las personas y el medio ambiente.

También demandaron que el Estado establezca obligaciones para las empresas que producen, importan, comercializan o introducen bienes y materiales al mercado, de manera que asuman responsabilidad por los impactos generados durante todo el ciclo de vida de sus productos.

Finalmente, las organizaciones señalaron que las consecuencias ambientales y sanitarias de las actividades productivas no deben trasladarse a la población, especialmente a comunidades en situación de vulnerabilidad ni a las futuras generaciones.

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