Puerto Rico enfrenta una severa crisis de agua por la prolongada sequía
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8/18/2026
Puerto Rico atraviesa una de sus peores crisis hídricas de los últimos años debido a la escasez de lluvias, una situación que ha obligado a implementar racionamientos de agua y que comienza a generar fuertes afectaciones entre la población, el sector agrícola y la actividad ganadera.
La falta de precipitaciones ha provocado una reducción considerable en los niveles de los principales embalses de la isla. El lago Carraízo, ubicado en Trujillo Alto, cerca de San Juan, se encuentra por debajo de los 38 metros, mientras que otros 11 embalses también han registrado descensos importantes en sus reservas.
Durante los últimos tres meses, Puerto Rico acumuló aproximadamente 61 centímetros menos de lluvia respecto al promedio habitual, según información del Servicio Nacional de Meteorología. Ante la gravedad del escenario, la gobernadora Jenniffer González declaró el estado de emergencia el pasado 31 de julio y ordenó la activación de la Guardia Nacional.
La falta de agua afecta actualmente a cerca de 80% del territorio, provocando que cientos de miles de habitantes recurran a la compra y almacenamiento de agua embotellada.
Como parte de las medidas para enfrentar la emergencia, las autoridades implementaron un programa de distribución por turnos. En algunas comunidades, los residentes cuentan con suministro durante 48 horas y posteriormente permanecen otras 48 horas sin servicio.
La situación ha generado dificultades para las familias, especialmente debido a que los cortes comenzaron de manera repentina. Algunos residentes han tenido que modificar sus rutinas laborales y personales para aprovechar los periodos en los que vuelve el suministro.
A la escasez provocada por el clima se suma el deterioro de la infraestructura hidráulica. Un informe del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático señala que más de 60% del agua potable se pierde debido a fugas y problemas en las redes de distribución.
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados también ha advertido sobre la acumulación de sedimentos en algunos embalses, lo que reduce su capacidad de almacenamiento. Además, distintas averías han agravado el problema; recientemente, una falla en el superacueducto dejó sin servicio a aproximadamente 100 mil abonados.
El impacto de la sequía también se extiende al campo. Productores agrícolas han reportado importantes pérdidas debido a la falta de agua para mantener los cultivos.
En Cabo Rojo, por ejemplo, un agricultor señaló que ha perdido cerca de 70% de su producción, principalmente por la imposibilidad de mantener el riego necesario para cultivos como plátanos y lechugas.
Los efectos también se han registrado en otras zonas. En Canóvanas se reporta la caída anticipada de aguacates afectados por la deshidratación, mientras que en Orocovis la producción de cítricos se encuentra por debajo de los niveles habituales. En Caguas, la falta de humedad ha retrasado el desarrollo de diferentes hortalizas.
La situación para los productores ganaderos del sur de la isla también es preocupante, debido a la reducción de los recursos disponibles para mantener al ganado.
El incremento de los costos de operación podría trasladarse a los consumidores. De acuerdo con estimaciones citadas por medios locales, los gastos de producción podrían aumentar entre 8% y 15%, presionando al alza los precios de los alimentos.
La sequía también ha incrementado el riesgo de incendios. Durante 2026 se han atendido alrededor de mil incendios forestales en Puerto Rico, una cifra considerablemente superior a la registrada durante el año anterior.
Tan solo en julio se contabilizaron más de 300 incendios, con especial incidencia en las regiones sur y este del territorio.
El escenario actual recuerda a la crisis de sequía que afectó a Puerto Rico en 2015. Los pronósticos meteorológicos tampoco son alentadores, ya que se espera que las precipitaciones continúen por debajo de los niveles normales durante los próximos meses.
De mantenerse estas condiciones, la escasez de agua podría prolongarse hasta enero o febrero de 2027, aumentando la presión sobre las autoridades y la población de la isla.
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