Senado aprueba endurecer sanciones contra el huachicol fiscal y modificar controles aduaneros
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10/14/2026


El Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley Aduanera para reforzar las sanciones contra el huachicol fiscal y ampliar las facultades de las autoridades para detectar irregularidades en la importación de mercancías cuyo valor declarado sea menor al comercial.
La reforma contempla multas de entre 50 y 100 por ciento del valor comercial de las operaciones con hidrocarburos y petrolíferos cuando se presenten infracciones relacionadas con documentos, declaraciones o transmisión electrónica de información.
El proyecto recibió 66 votos a favor, correspondientes a Morena y sus aliados, así como 37 en contra de legisladores de oposición. Tras su aprobación, la minuta fue enviada al Ejecutivo federal para su promulgación y se estableció que las nuevas disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.
Durante la discusión, representantes de la oposición cuestionaron la rapidez del proceso legislativo, al señalar que la iniciativa presidencial fue aprobada en comisiones durante la mañana y posteriormente llevada al pleno para su votación.
Uno de los cambios más relevantes consiste en eliminar el requisito que permite aplicar el embargo precautorio cuando el valor declarado de una mercancía es inferior en al menos 50 por ciento a su valor comercial.
Miguel Ángel Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que el umbral vigente limita la intervención de las autoridades aduaneras, pues impide actuar bajo ese mecanismo en operaciones que presentan diferencias de valoración inferiores al porcentaje establecido.
Por su parte, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, informó que durante el año anterior la Agencia Nacional de Aduanas de México detectó 2 mil 541 operaciones que no pudieron ser sujetas a embargo precautorio debido a que las discrepancias en el valor declarado no alcanzaron el 50 por ciento.
De acuerdo con el legislador, esas operaciones representaron un monto aproximado de mil 568 millones de pesos. Advirtió que la subestimación del valor de las mercancías puede reducir el pago de contribuciones y generar condiciones desiguales para importadores y productores nacionales que cumplen con sus obligaciones fiscales.
Huerta Ladrón de Guevara también destacó que las nuevas sanciones para operaciones relacionadas con hidrocarburos buscan combatir de manera específica el contrabando de combustibles.
Antes de la entrada en vigor de la reforma, deberán publicarse disposiciones administrativas que detallen las mercancías sujetas a las medidas, los procedimientos correspondientes y los porcentajes aplicables en los casos previstos.
Durante el debate, legisladores de oposición expresaron su preocupación por las consecuencias que las nuevas reglas podrían tener para pequeños negocios, particularmente por la obligación de efectuar depósitos en efectivo para recuperar mercancías cuando las diferencias en su valoración alcancen el 20 por ciento.
Los opositores también cuestionaron el procedimiento acelerado con el que se discutió y aprobó la iniciativa, mientras que la mayoría defendió los cambios como instrumentos para fortalecer la fiscalización y combatir prácticas que afectan la recaudación.
Senado prepara discusión sobre armonización catastral
En otro asunto legislativo, las comisiones del Senado aprobaron el lunes la minuta que expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, cuyo propósito es homologar, modernizar e interconectar los sistemas de información sobre bienes inmuebles en México.
Se prevé que la propuesta sea sometida a votación del pleno durante la sesión de este miércoles.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara aclaró que la iniciativa no contempla la creación de nuevos impuestos ni incrementos a las tasas del impuesto predial. Según explicó, busca mejorar los registros de propiedades, actualizar la información catastral y facilitar los mecanismos de pago, con el objetivo de fortalecer la capacidad administrativa y recaudatoria de los municipios.
El senador sostuvo que las medidas respetan la autonomía constitucional de los gobiernos municipales y están orientadas a mejorar la gestión de la información inmobiliaria.
Por su parte, Enrique Inzunza Cázarez, legislador sin grupo parlamentario, consideró que la nueva legislación contribuiría a brindar mayor certeza jurídica sobre la propiedad y las inversiones inmobiliarias en el país.
Asimismo, rechazó que el ordenamiento represente una invasión a las atribuciones de los gobiernos locales y destacó la importancia de contar con mecanismos que protejan los derechos de los propietarios de inmuebles, incluidas las personas que poseen viviendas de pequeñas dimensiones.
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